La violencia contra periodistas en Perú, México y Colombia tiene comunes denominadores marcados por el crimen organizado, la captura de instituciones, la fragilidad judicial e impunidad, elementos que configuran un entorno cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo, especialmente fuera de las grandes capitales.

En la ponencia “Libertad bajo ataque: violencia contra periodistas e impunidad estructural”, celebrada durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los ponentes coincidieron en que los asesinatos de periodistas representan el síntoma de un deterioro más profundo que es la penetración del crimen organizado en la vida política, económica e institucional de estos tres países. 

En ese contexto, la impunidad además de dejar sin justicia a las víctimas y sus familias, produce un efecto inhibidor que afecta el derecho de la sociedad a estar informada.

En el caso panel moderado por Andrés Mompotes, de El Tiempo de Colombia, Roberto Rock, director de La Silla Rota de México, explicó que el crimen organizado ha construido una estructura de poder que le ha permitido trepar desde el narcotráfico hacia otros negocios igual o más rentables, como la extorsión, el tráfico ilegal de combustibles y el control económico de sectores productivos enteros.

Consideró que esa capacidad de cooptación ha alcanzado no solo a autoridades locales y regionales, sino también a sistemas de seguridad pública y otras instancias del Estado. 

En ese sentido, afirmó, muchos asesinatos de periodistas en México no responden únicamente a dinámicas criminales “puras”, sino a una combinación entre intereses políticos corruptos y brazos armados del crimen organizado.

Rock advirtió que, aunque algunos indicadores podrían sugerir una disminución en asesinatos de periodistas, esa aparente baja puede estar asociada a la expansión de zonas de silencio, donde los medios dejan de investigar y publicar sobre crimen organizado para sobrevivir. 

A este respecto, alertó que la Ciudad de México ya muestra síntomas de esa resistencia a nombrar y profundizar sobre la presencia de cárteles y redes criminales.

Por su parte, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, explicó que 2025 se convirtió en el año más violento para la prensa en Perú, con cuatro periodistas asesinados.

Atribuyó también este agravamiento a una “institucionalización de la criminalidad”, en la que mafias vinculadas a la minería ilegal, al transporte, al tráfico de tierras y a economías ilegales se han incrustado en gobiernos regionales y otros espacios del poder público.

Salazar explicó que la minería ilegal se ha transformado en una de las principales economías criminales del país y opera como una estructura capaz de infiltrar capas enteras del aparato estatal, y los periodistas que investigan esas redes terminan convertidos en objetivos directos.

Expuso que la violencia e impunidad en el país son muy elevadas. A este respecto, recordó el caso del exmilitar y expolítico Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, pero liberado tras una modificación legal que favoreció a condenados por graves violaciones previas a 2002.

En tanto, Andrés Mompotes, coincidió en que en Colombia, la minería ilegal y otros ingresos criminales han adquirido un peso creciente dentro de la estructura económica de los grupos armados y del crimen organizado, incrementando la presión sobre medios comunitarios y periodistas en regiones, donde informar implica cada vez más riesgo.

Tanto Salazar como Rock coincidieron en que la mayor parte de las agresiones letales ocurren en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde la impunidad y la violencia plantan la semilla de un nuevo desierto informativo.

Los panelistas subrayaron que el deterioro de la libertad de prensa está estrechamente vinculado a la salud democrática de los países, por lo que plantearon la necesidad de una agenda más articulada entre organizaciones de la región, asociaciones de prensa y entidades internacionales para enfrentar la impunidad con metodologías comunes, mayor presión pública y colaboración transnacional.