El ejercicio del periodismo en México está marcado por la violencia letal, una alta impunidad, presiones institucionales y condiciones estructurales que continúan debilitando la libertad de prensa, de acuerdo con el informe para México presentado en la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Durante el periodo de octubre de 2025 a abril de 2026, el país registró el asesinato de dos periodistas, un reflejo del alto nivel de riesgo al que se enfrentan los periodistas, en especial los que reprotan temas de seguridad y crimen organizado.

Una de las víctimas fue Miguel Ángel Beltrán Martínez, quien difundía contenidos en redes sociales bajo los nombres “El Capo” y La Gazzeta de Durango, donde denunciaba hechos de violencia en la entidad.

También fue asesinado Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz, en Poza Rica., quien cubría temas de seguridad y había denunciado amenazas previas.

Aunque en 2024 contaba con medidas de protección, estas fueron retiradas meses antes de su asesinato.

Ambos casos ocurren en un contexto de alta impunidad, señalado de manera recurrente como uno de los factores que favorecen la repetición de estos crímenes.

Así, desde 2016 se han documentado 367 casos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, de los cuales el 98% permanece en la impunidad, y solo el 12.5% ha derivado en sentencias condenatorias, según datos presentados en el foro “Justicia para las mujeres periodistas y defensoras” realizado en la Cámara de Diputados.

Esta debilidad estructural en los mecanismos de protección y justicia, impacta directamente en la seguridad y libertad de quienes ejercen el periodismo, expone el informe de la SIP.

Hostigamiento judicial como herramienta de censura

Además de la violencia física, el informe documenta la persistencia de mecanismos de presión judicial e institucional contra medios y periodistas, enfocados en la censura y el desgaste.

Uno de los casos más relevantes es el del diario Vanguardia, en Coahuila, involucrado en un litigio mercantil que derivó en órdenes de embargo. 

La detención de su director, Armando Castilla, fue considerada por organizaciones internacionales como un precedente preocupante para la libertad de expresión.

En tanto, en Campeche, las demandas contra periodistas críticos de la administración estatal encabezada por Layda Sansores han generado preocupación en el sector.

En esa misma entidad, el 21 de octubre, la Fiscalía solicitó a la empresa Telemar información sobre periodistas y responsables editoriales vinculados con la publicación de 59 notas periodísticas relacionadas con la gobernadora, bajo advertencia de sanciones administrativas.

El informe destaca el uso de diversas figuras legales como el derecho al honor, la protección de datos personales o la violencia política en razón de género, para solicitar la remoción de contenidos periodísticos sin orden judicial, lo que refuerza un entorno de presión legal indirecta.

De acuerdo con el informe, otro de los factores que inciden en la libertad de prensa es la opacidad en la asignación de recursos públicos para comunicación social.

A este respecto, un informe de Artículo 19 documentó que en el último periodo presidencial:

  • el 46% del presupuesto federal de publicidad oficial se concentró en seis medios
  • el 33% del gasto total se destinó a solo cuatro empresas mediáticas

Además, cerca del 70% del gasto en comunicación social se trasladó a gobiernos estatales, donde los mecanismos de asignación presentan menores niveles de transparencia y mayor discrecionalidad, informó la SIP.