A seis años del asesinato de la periodista veracruzana María Elena Ferral, persiste la impunidad en torno al caso que involucra fallas en el debido proceso, que han provocado la liberación de varios sospechosos, sin que se esclarezca la responsabilidad de los autores intelectuales.
En su aniversario luctuoso, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizar una investigación diligente, imparcial y apegada al Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, con énfasis en identificar y procesar a los autores intelectuales del crimen.
La organización advirtió que las investigaciones se han concentrado en procesar a presuntos autores materiales, pero con fallas en el debido proceso que derivaron en la liberación de varios implicados, sin avances sustantivos para esclarecer quién ordenó el asesinato.
Así, en 2024 un juez ordenó la liberación de uno de los nueve imputados y en agosto de 2025 se liberó al segundo de los presuntos responsables por presuntas irregularidades en el proceso a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Nuevamente piden protección para Fernanda
De nueva cuenta, Artículo 19 demandó al Gobierno de Veracruz y al Gobierno Federal garantizar la seguridad de Fernanda De Luna Ferral, hija de Maria Elena Ferral, quien encabeza la exigencia de justicia y ha recibido amenazas y agresiones, sin contar con garantías efectivas de protección.
El pasado 20 de febrero, Fernanda fue notificada por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz sobre el retiro de su esquema de seguridad, pese a que este tipo de medidas debe coordinarse con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo, la organización llamó a reconocer que la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas no solo afecta a las víctimas directas, sino que constituye una amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
María Elena Ferral era corresponsal de Diario de Xalapa y directora del medio Quinto Poder, cuyo trabajo periodístico se centraba en la cobertura de corrupción y abusos de autoridad en Papantla y municipios del norte de Veracruz.
Su labor le generó múltiples agresiones, entre ellas amenazas de desaparición, campañas de desprestigio y ataques digitales, presuntamente cometidos tanto por funcionarios públicos como por personas no identificadas.
El 30 de marzo de 2020, fue asesinada al salir de una oficina notarial en el centro de Papantla.
