Ochenta y dos de cada 100 participantes de la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias rechazaron la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), en su mayoría (66%) argumentando riesgos a la libertad de expresión.
En tanto, solo 9.7% expresó una posición favorable, de acuerdo con un análisis realizado por la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los 8 mil 889 comentarios enviados durante la consulta pública.
Los argumentos repetidos fueron “corregir o retirar un contenido por orden administrativa es censura”, si bien el texto no utiliza la palabra, y “la libertad de expresión no admite permiso previo.”
Otras expresiones recopiladas por MCCI fueron “solo veo una clara intención de creación de una herramienta de censura” y “es censura disfrazada”.
El análisis realizado a las 8 mil 889 consultas realizadas, arrojó además dudas respecto a la necesidad de que el Estado establezca mecanismos para proteger a las audiencias, con 34.2% de los comentarios. Mientras que se cuestionó la intervención del gobierno como ‘arbitro de la verdad’ con 24.6% de las menciones.
En ambos casos, el cuestionamiento se formuló principalmente alrededor de las facultades que tendría el Estado para determinar la veracidad de los contenidos difundidos por los medios.
Además, 14.8% de las participaciones señaló la falta de autonomía de la CRT respecto del gobierno y advirtió sobre el riesgo de que la autoridad actúe como juez y parte.
Otro 11.5% criticó que las obligaciones previstas recaigan sobre los concesionarios, pero no contemplen mecanismos equivalentes para evaluar la comunicación gubernamental.
A este respecto, la frase “el gobierno miente y nadie lo evalúa” o formulaciones similares aparecieron en mil 26 comentarios, según el análisis.
Participación de la sociedad civil, universidades y profesionistas
Asimismo, la consulta recibió 271 participaciones acompañadas por documentos, que en conjunto sumaron 2 mil 523 páginas, con 48 pronunciamientos suscritos por organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, cámaras industriales y medios de comunicación.
MCCI destacó el documento presentado por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., respaldado por decenas de organizaciones, cuya propuesta incluye modificaciones a los artículos y mecanismos de aplicación orientados a reducir los riesgos de censura o control de contenidos.
En general, los argumentos esgrimidos en contra de los lineamientos fueron que la facultad del gobierno para decidir qué constituye información falsa o descontextualizada; cómo garantizar la distinción entre noticia y opinión sin invadir la línea editorial de los medios; y la imposición de sanciones y multas exorbitantes, a criterio de un órgano dependiente del Ejecutivo y sin recurso para defenderse.
