Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del domingo 23 de enero en el fraccionamiento Santa Fe, de Tijuana, Baja California, pese a que la comunicadora se encontraba bajo la protección del mecanismo de defensa a periodistas del gobierno federal.
La periodista había ganado recientemente un litigio laboral en contra de la empresa PSN por adeudo de pagos de nómina y otros temas laborales, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla y estuvo presente en las oficinas de dicha televisora, con una orden de embargo a su favor.
El exgobernador ha sido investigado como una de las líneas del caso, tanto por parte de la fiscalía estatal, como del grupo de inteligencia federal, debido al litigio laboral entre su empresa y la comunicadora. Pero Bonilla califica el asesinato de Maldonado como un “daño colateral” de una supuesta campaña en su contra orquestada, dice, por “poderes fácticos”entre quienes estaría Jorge Hank Rhon.
Lourdes preparaba una investigación por probables actos de corrupción del anterior gobierno estatal, así como la estrategia a seguir tras la victoria en el juicio laboral de nueve años contra el exgobernador Bonilla, cuya empresa Media Sports de México (PSN) debía pagarle un millón 296 mil 362 pesos.
Pese a estar inscrita en el Mecanismo de Protección, Lourdes no tenía escolta personal ni vigilancia policiaca permanente por parte del gobierno estatal, sólo contaba con “botón de pánico” en su casa y de manera intermitente era visitada por la policía.
Siete meses después del asesinato de Lourdes Maldonado, Óscar, su hermano, acusó que el fiscal especial, Atalo Machado, dejó de responder las llamadas y mensajes que le ha enviaba para tratar de conocer el estado de la indagatoria, pese al compromiso que hizo el funcionario, en los primeros días de la investigación, de mantenerlo informado.
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